En los últimos 3 años, en el país y en el sector silviagropecuario, se han desarrollado al menos tres procesos normativos e indicativos de gran impacto en los modelos de gestión de las organizaciones de productores y especialmente en los modelos asociativos de pequeños productores agrícolas, sobre todo bajo la forma jurídica de cooperativa. Por una parte, la promulgación del texto definitivo de la Ley General de Cooperativas, N° 19.832, con fecha 25 de Septiembre de 2003; por otra, el desarrollo de las normativas referidas a Buenas Prácticas Agrícolas y a Buenas Prácticas Empresariales y, por último, la ampliación creciente de los compromisos internacionales del Estado a través de los tratados de libre comercio (TLC) bilaterales y multilaterales, que viene a modificar las modalidades de concurrencia de estos productores al mercado. Paralelamente, las cooperativas campesinas se venían manteniendo regidas por una normativa legal, el DFL W 13 del Ministerio de Agricultura, que databa de 1968 y que se justifica fundamentalmente en función de los procesos de transformación de la estructura agraria del país, que caracterizan la época comprendida entre 1961 y 1980, periodo en el que, además, se ponen en práctica, por parte de los diferentes sistemas de gobierno, al menos tres o cuatro enfoques y orientaciones distintas de las políticas de fomento relacionadas con los modelos de organización y gestión de las asociaciones de pequeños productores agrícolas.