Frente a una emergencia que afecte la producción silvoagropecuaria, al sector público no le resulta fácil realizar un diagnóstico rápido y eficaz del impacto del evento. En parte, esto se debe a la falta de protocolos claros, al escaso análisis de datos históricos y a la poca incorporación de tecnologías que faciliten el proceso. El Estado chileno, luego del terremoto de 2010, ha realizado una ardua revisión de los protocolos de actuación ante una emergencia. El Ministerio de Agricultura no ha sido la excepción, por lo que ha creado recientemente el Departamento de Gestión Integral de Riesgos (DGIR), al que pertenece el Sub Departamento de Atención de Desastres.